Declaración judicial de Incapacidad y nombramiento de tutor

Cuando una persona ya no puede valerse por sí misma para desenvolverse en su vida cotidiana porque tiene mermado su uso de razón es muy importante que otra persona se haga cargo de ayudarla, de atender a sus necesidades y de actuar en su nombre. El procedimiento judicial de incapacitación sirve a esa finalidad.

Se trata de un procedimiento judicial para dotar a la declaración de incapacidad y nombramiento de tutor de las debidas garantías, ya que se presta al abuso. Sólo se puede incapacitar a un enfermo mental, de Alzheimer o demencia senil por ejemplo si realmente se demuestra que padece la enfermedad y afecta a su autonomía.

En el procedimiento de incapacitación la persona que solicita la declaración debe aportar prueba del padecimiento del enfermo y del grado en que afecta a su autonomía. Para ello son útiles todos los informes médicos de que podamos disponer, o incluso encargar si fuera menester informes dirigidos específicamente a acreditar la incapacidad.

Los familiares más cercanos serán llamados al juicio de incapacidad para que testifiquen sobre las circunstancias del incapaz y se pronuncien sobre la idoneidad del tutor que se haya propuesto.

Tras la declaración de incapacitación legal, el tutor nombrado tendrá que aceptar el cargo, hacer un inventario inicial y rendir cuentas al juzgado con la periodicidad que señale la sentencia de incapación.

Ambas partes pueden comparecer representados por un único Procurador y bajo la dirección de un único abogado, con lo que se reducen costes.

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